El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación que prohíbe la financiación pública para centros educativos que discriminan a alumnos y establece sanciones de entre 300 y medio millón de euros. Esto incluye los casos en los que un alumno de confesión islámica se sienta discriminado por la inclusión en el menú escolar de productos alimenticios proscritos por el Corán.
Según la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, la ley aprobada que se remite con carácter de urgencia al Parlamento responde a la necesidad de que la ciudadanía pueda ejercer plenamente sus derechos y garantizar que nadie pueda ser discriminado por razón de su confesión religiosa o tendencia sexual.
Pajín ha reconocido que es una “ley compleja” porque afecta a la practica totalidad de los departamentos del Gobierno y ha asegurado que la norma pretende avanzar en la igualdad real y efectiva de los ciudadanos, además de apostar por la convivencia.
Para el Gobierno, es “una ley integral, general, de garantías y de derecho antidiscriminatorio”, que incluye a todas las personas y alcanza a ámbitos como el empleo, la educación, la asistencia sanitaria, el acceso y permanencia en establecimientos o espacios abiertos al público y la publicidad y medios de comunicación.
La iniciativa aprobada aporta a los motivos de discriminación recogidos hasta ahora en la Constitución y en la normativa europea, la identidad sexual y la enfermedad.
Fuente: Alerta Digital
Según la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, la ley aprobada que se remite con carácter de urgencia al Parlamento responde a la necesidad de que la ciudadanía pueda ejercer plenamente sus derechos y garantizar que nadie pueda ser discriminado por razón de su confesión religiosa o tendencia sexual.
Pajín ha reconocido que es una “ley compleja” porque afecta a la practica totalidad de los departamentos del Gobierno y ha asegurado que la norma pretende avanzar en la igualdad real y efectiva de los ciudadanos, además de apostar por la convivencia.
Para el Gobierno, es “una ley integral, general, de garantías y de derecho antidiscriminatorio”, que incluye a todas las personas y alcanza a ámbitos como el empleo, la educación, la asistencia sanitaria, el acceso y permanencia en establecimientos o espacios abiertos al público y la publicidad y medios de comunicación.
La iniciativa aprobada aporta a los motivos de discriminación recogidos hasta ahora en la Constitución y en la normativa europea, la identidad sexual y la enfermedad.
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